Entrevista publicada el 20 de noviembre de 2020 por la revista ECONOMIST&JURIST
- Recientemente el BOE ha recogido el nuevo procedimiento de actuación contra la desinformación que el Gobierno quiere aplicar, fundamentalmente como consecuencia de la alerta de Europa sobre tal extremo.
Y a tal fin, el Consejo de Seguridad Nacional, ha desarrollado tal plan por verse los procesos de participación democrática cada vez más amenazados por la difusión deliberada de desinformación que llevan por objeto el influir en la sociedad con fines totalmente interesados y espurios; según recoge el documento.
A nivel europeo, el Plan de Acción contra la Desinformación de 2018 o el European Democracy Action Plan, puesto en marcha por la Comisión lleva por finalidad la garantía a los ciudadanos de “libres interferencias y manipulaciones ilegales” cuando se trate de tomar decisiones políticas. De tal forma, la Comisión Europea se ha pronunciado sobre esta orden dando el visto bueno al sistema español para prevenir, detectar y responder a las campañas de desinformación.
A tal efecto, el portavoz de la Comisión, Johannes Bahrke, puso de manifiesto que el protocolo español “provee los instrumentos y los actores que garantizan la participación de España en los diferentes instrumentos establecidos por el Plan de Acción de la UE contra la Desinformación de 2018”.
Pero dejando de lado la valoración del fondo teórico del asunto y reparando en el carácter práctico de la Orden, ante este inédito escenario, ya son muchas las preguntas que nacen sobre el “control de la verdad” por parte de organismos totalmente vinculados al gobierno, como, por ejemplo, la parcialidad que puede presidir la toma de decisiones sobre si estamos ante una fake new o no.
En España, contamos ya con una serie de empresas privadas dedicas directamente a la detección de bulos o noticias falsas, como por ejemplo Newtral, las cuales aplican ciertos métodos concretos para indagar sobre la veracidad de las informaciones y su calificación como Fake o no.
Por su parte, a nivel internacional, la International Fat-Cheking Network (IFCN) vela también por la lucha contra la desinformación, comprendiendo que es de gran relevancia que tales prácticas no conculquen las libertades individuales y los derechos humanos.
No obstante, a la luz de tal panorama, ¿es realmente necesario contar con esta serie de empresas o mecanismos que velen diariamente por perseguir la propagación de bulos?
A mi juicio, es realmente importante a corto plazo establecer una serie de mecanismos que traten de arrojar luz sobre la veracidad o no de las informaciones que diariamente en su opacidad persiguen el desposicionamiento de un tercero. Sin embargo, hay líneas dónde tales empresas creo que es complicado puedan llegar y tenga que ser el poder judicial el que tome cartas en el asunto a los efectos de desmenuzar con rigor legal el caso en cuestión. En este sentido, hemos de matizar que como ha precisado recientemente la Comisión Europea, esta Orden no persigue el establecimiento de límites restrictivos a los medios de comunicación en su ejercicio diario de la libertad de información y/o expresión, dado que sobre estas restricciones se pronunciarán los juzgados y tribunales cuando tales derechos fundamentales colisionen con la protección del derecho al honor o a la intimidad; camino eminentemente dispar al ahora comentado en el que se analizarán los diversos elementos que pueden presidir toda una campaña de desinformación influyente en la sociedad.
A la postre, resulta evidente que esa labor que ya vienen desempeñando ciertas empresas sobre la verificación de informaciones, en ningún caso puede estar sometida a un control gubernamental directo en tanto y en cuanto la imparcialidad brillará por su ausencia y podríamos encontrarnos ante un sistema íntegramente viciado.
Muchos expertos en la materia ya han puesto de manifiesto que sería todo un disparate que órganos del sector privado no vinculados al gobierno quedaran al margen de este mecanismo, y fuera el propio gobierno el que tomara las riendas de forma autónoma en este escenario. Y no puedo estar más de acuerdo con esta postura, que a nivel jurídico confrontaría con principios elementales de un sistema democrático español, poniéndose de lo contrario en peligro ciertos puntos vitales de nuestro sistema.
Veremos cómo avanza la norma y los derechos fundamentales que pueden verse en peligro de ser el propio gobierno quién respalde al cien por cien este sistema.
Sobre el Autor: Mario Bonacho Caballero (Abogado responsable del área de Defensa de Reputación Corporativa en AVERUM Abogados)